Nuestra historia, la de nuestro país, se ha caracterizado por la reiteración cíclica de procesos socio-económicos, que jamás terminó por cesar.
Es así, que el punto de equilibrio, como situación idílica en un paraíso utópico de la falsa idiosincrasia económica ortodoxa, se ubica entre la zanahoria y el hocico que galopa al fragor de falsas esperanzas.
Sin embargo, la remuneración al trabajo se encuentra corriendo a la coneja siempre desde atrás, en un ínterin en el cual las batallas se tornan codo a codo entre seres de la misma posición jerárquico-social. Valdrá entonces el interrogante que se corresponde con dilucidar el por qué de tal desgaste político entre sectores de símil vulnerabilidad, para los cuales quedan expuestos permanentemente a las batallas ideológicas que son luego encerradas en el tabú del rol del Estado.
Digamos, que desde la concepción misma del nuevo lineamiento mundial, enraizado en los albores de la revolución industrial, el nuevo orden establecido post-guerra mundial –la segunda- alineó las esferas para el fin de sostener la misma mecánica, y propagarla mundialmente. Desde luego, el método por excelencia para esta propagación, ha sido la invasión del capital foráneo por sobre las jurisdicciones republicanas, donde en un desafortunado efecto dominó, la misma lógica ha suscitado en las crisis económicas pertinentes, devenidas de tal esquema de producción.
Es decir, que la estructura resiste incondicionalmente a los cambios, y parecen permanecer intactos debajo de las cenizas de un proceso socio-económico. Al parecer, existe un elemento que escapa a nuestras reflexiones, y que lanza la pelota a la calle, para luego sobrevivir pasando desapercibido, y ser nuevamente, el eslabón desatante de tal desfasaje social.
Como mencionamos recientemente, “la remuneración al trabajo, se encuentra corriendo a la coneja siempre desde atrás, en un ínterin en el cual las batallas se tornan codo a codo entre seres de la misma posición jerárquico-social” lo cual significa que el sector de “elite”, o “clase alta” o “capitalista” –sea la acepción que mejor se adecue- queda siempre protegido en esta contienda ideológica.
Si tenemos en cuenta que los recursos son escasos, entonces los que conserve una proporción de la sociedad, será exactamente proporcional a la misma cantidad de recursos de las cuales el resto de la población, no podrá acceder. Entonces, lo que protege ese “derecho” de tenencia por sobre un sector del cual jamás se discute su genuinidad, se nutre del derecho a la propiedad privada.
Tal derecho, y garantía constitucional, es a su vez propiciada por el Estado. Se vuelve falaz entonces, que lo público sea juzgado por la vara de lo democrático al mismo tiempo, que por sobre lo privado poco se juzga, sino que muy por el contrario, se defiende y se da por hecho, que el derecho a la propiedad privada consta de un derecho divino. Nada más alejado de la verdad.
El dinero, es la representación aritmética de lo producido previamente. Es decir, que el dinero representa producción, sobre lo cual existe solo dos cuestiones a saber: capital y trabajo.
Se preguntarán entonces, ¿dónde queda la materia prima en esta ecuación lineal? pues, la materia prima, es a su vez producto, compuesto por capital y trabajo.
Si tomamos en cuenta que el capital, es solo dinero, que representa a su vez, producción pasada más capital, entonces arribaremos a la conclusión, de que el capital a tiempo hoy representa potencial producción futura y con él, el futuro trabajo de la población.
En efecto, cuando un ser humano es traído a la vida, éste carece de distinción alguna por sobre otro ser. Sin embargo, la transferencia de bienes de padres a hijos –y por lo tanto producción pasada- a través del dinero, es una transferencia dispareja entre seres de diferentes “clases sociales”. Este es el punto en el que se produce la injusticia social, donde el derecho a la propiedad privada protege recursos de un sector, mientras que esa proporción se torna faltante para la otra proporción que es llegada al mundo, con una necesidad no cubierta.
Es el derecho a la propiedad privada la que resiste entonces, a las reestructuraciones que se dan en el comienzo de un nuevo proceso económico luego de una crisis socio-económica.
Muy a pesar del disgusto de una aristocracia que teoriza pasando por alto este punto, el reclamo por una justicia social luego de un desfasaje sistemático estructural como es entendido partiendo de un derecho a la propiedad privada establecida de tal forma, este reclamo se vuelve genuino, y no una obstinación de “clases”.
De hecho, es el mismo derecho a la propiedad privada otorgada por el Estado –porque consta de su génesis en la Constitución Nacional- el que parte a la población en clases, en una sucesión de hechos, en una línea de tiempo que tal diferencia de pisos de oportunidades va abriendo paso en una brecha que no detiene su marcha.
La reparación de tal injusticia social, es entonces asignatura del mismo Estado, y su rol de administrar los recursos de manera tal, que ningún partícipe de la sociedad –ya que cada ciudadano conforma al Estado mismo- quede desprotegido en ninguna de sus necesidades básicas.
Si la vía hacia el reparto de asignación de recursos se da en un marco legal, así como la Constitución Nacional, es entonces la misma senda que recorren medidas políticas socio-económicas que deben resistir a los cambios coyunturales e incluso estructurales, tal y como resiste el derecho a la propiedad privada.
Digamos entonces, que las leyes que vienen a reparar tal desfasaje económico-social, deben incorporarse en la carta magna para prescindir de una administración coyuntural y circunstancial.
La Asignación Universal por Hijo, y embarazadas desde 3 meses, tanto como la jubilación con su actualización de haberes obligatorios y sistemáticos anuales, se vuelven políticas de Estado, y no políticas gubernamentales. Tal es el caso de las paritarias obligatorias anuales entre el síndico y el patronal, que prescinden de la voluntad política de turno.
Será el nuevo desafío, quizá, el de incorporar políticas de Estado a la Constitución Nacional, para que logren resistir un simple decreto o una simple derogación, y a su vez, el desafío por concientizar a la población a su participación en la política y el entendimiento propio de las cuestiones económicas, jurídicas y políticas, para el fin mismo del logro del bienestar social PARA TODOS.
